METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

INTRODUCCIÓN
Arena Electoral es un proyecto de Fundación Ethos que nace de la necesidad de una democracia efectiva, limpia y transparente; es una herramienta que reconoce la importancia del proceso electoral del 2012 para el futuro inmediato y a largo plazo de México y que aspira ser una guía que aliente a los ciudadanos a votar responsablemente.

Los objetivos de Arena Electoral son:

1. Ser un mecanismo serio donde expertos evalúen las propuestas y compromisos de los candidatos, siguiendo los criterios de Gobierno Responsable creados por Fundación Ethos.
2. Fomentar la participación ciudadana de individuos y organizaciones de la sociedad civil, en donde sus propuestas sean escuchadas. 
3. Ser un espacio de comunicación eficaz para los ciudadanos.
4. Promover el voto responsable e informado.
Para Fundación Ethos es fundamental evaluar las propuestas de los candidatos a la presidencia y evidenciar si éstas son viables o son absolutamente irresponsables. Es necesario contar con información objetiva que permita a la ciudadanía decidir su voto en la próxima elección con base en la evaluación realizada por expertos en los diversos temas de la agenda nacional. 

METODOLOGÍA

Seguimiento a las propuestas de los candidatos a la presidencia
A partir de la etapa de precampañas se realizó el seguimiento de los candidatos a la presidencia en medios de comunicación escritos, electrónicos y videográficos con la finalidad de identificar sus propuestas y complementar las propuestas de las plataformas electorales.  

Fuentes de información:
● Medios electrónicos. Diariamente se consultan los portales web de los principales diarios de circulación nacional: Excélsior, El Universal, La Jornada, Reforma y Milenio.
● Materiales videográficos. Se revisan los videos de los precandidatos y candidatos a la presidencia publicados en sus sitios web donde se presentan propuestas.  

Material bibliográfico
Libros publicados por los candidatos. Se hizo la revisión de las propuestas presentadas en libros o documentos de trabajo publicados en las páginas oficiales de los precandidatos y candidatos. 
El objetivo de esta revisión es dar seguimiento a las propuestas de los candidatos y hacer un cruce con lo establecido en la plataforma electoral y complementarlas en caso de ser necesario.  

Plataformas electorales
Las plataformas electorales elaboradas por cada partido político y registradas ante el Instituto Federal Electoral son la base para la evaluación de las propuestas de los candidatos a la presidencia, ya que lo expresado en la propaganda electoral y en las diversas actividades de los candidatos, debe estar apegado a su plataforma (COFIPE, Art. 228, párrafo 4).  Debido a que es en éstas donde se establece la agenda de cada partido político y los temas que consideran prioritarios.

En este sentido, un primer acercamiento a las plataformas electorales se hizo a través de los foros organizados por los partidos políticos, en el caso del PAN y PRI. Así como los documentos preliminares publicados en el portal web del IFE.

Como se señaló anteriormente, las propuestas a evaluar se basarán en lo establecido en las plataformas electorales, pero se complementarán con lo manifestado por los candidatos durante la campaña en diversos medios de comunicación. 

Evaluación
La evaluación de las propuestas de la y los candidatos a la presidencia es apartidista y está enmarcada en el Modelo de Gobierno Responsable creado por Fundación Ethos, que es un conjunto de parámetros que configuran una gestión gubernamental encaminada estrictamente a lograr el bienestar de la población y el desarrollo de un país o región, dejando de lado motivaciones clientelares o políticas.

El Modelo de Gobierno Responsable incentiva la ejecución de acciones que sean convenientes para la sociedad; el Modelo trasciende los conceptos tradicionales de derecha o izquierda con la finalidad de encontrar una nueva forma en la que el gobierno puede ser entendido y persigue un doble propósito:
1. Servir como un marco de análisis para políticas públicas o propuestas electorales, de tal forma que se las pueda evaluar en función de su apego a un grupo objetivo de parámetros de responsabilidad.
2. Ofrecer un marco de referencia para la acción gubernamental, promoviendo la aplicación del concepto de responsabilidad, lo que implica el cumplimiento pleno del mandato encomendado por la ciudadanía.

El Modelo permite separar cuestiones ideológicas y se acerca a criterios que pueden ser evaluados y fácilmente medibles, se compone de dos elementos:

1. Principios fundamentales, como la defensa a los valores democráticos, las libertades y los derechos humanos, el respeto a los marcos constitucionales y al estado de derecho;
2. Criterios para el diseño y ejecución de políticas públicas efectivas en el campo social, económico, ambiental y de participación ciudadana.
Estos principios fundamentales y criterios de política pública se formularon con base en los principales consensos generados en el sector académico a nivel internacional y la observación de mejores prácticas de gestión pública en diversos países del mundo, muchas de las cuales resultan novedosas para América Latina. 

Los criterios de política pública establecidos en el Modelo de Gobierno Responsable son los siguientes:
● Eliminar la pobreza como misión fundamental del Estado.
● Política social eficaz como herramienta solidaria y redistributiva.
● Mecanismos efectivos para incrementar los niveles de cobertura y calidad en la educación, la salud y los servicios básicos.
● Entorno macroeconómico estable para el crecimiento.
● Estímulos adecuados para detonar el potencial de las actividades productivas.
● Fomento a la competitividad y la innovación.
● Estado como regulador efectivo de las actividades económicas y no empresario.
● Inserción en esquemas de “comercio internacional justo”.
● Respeto a los tratados y compromisos internacionales.
● Respeto al medio ambiente como eje transversal de política pública.
● Promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
● Adopción de nuevas tecnologías en la gestión de gobierno.
● Gobierno basado en resultados.
● Planeación a mediano y largo plazo.
● Empoderamiento de gobiernos locales.
● Respeto a la igualdad de género como eje transversal de política pública.
● Esquemas de política que garanticen la seguridad de los ciudadanos y su acceso igualitario a los mecanismos de justicia.
● No utilización de bienes o recursos del Estado para fines políticos, proselitistas, de promoción personal o partidista. 
● Canalización de los recursos públicos hacia las áreas prioritarias del desarrollo nacional.
● Promoción de la cultura y la identidad nacional.
● Impulso a la calidad de vida de los ciudadanos.
● Fortalecimiento de la sociedad civil. 

Definición de propuestas a evaluar
Con base en el seguimiento en medios de comunicación a partir de las precampañas, así como en foros realizados por los partidos políticos y documentos preliminares de las plataformas electorales publicadas en el Instituto Federal Electoral, se hizo una revisión de los temas abordados por cada partido político con la finalidad de definir áreas temáticas de la agenda nacional. De esta manera se determinaron once áreas temáticas:
1. Ciencia y tecnología
2. Cultura
3. Derechos Humanos
4. Desarrollo Económico
5. Desarrollo Social
6. Desarrollo Sustentable
7. Educación
8. Política Exterior
9. Reforma Política
10. Salud
11. Seguridad y Justicia

Dentro de estas once áreas temáticas se encuentran subtemas que constituyen las propuestas a evaluar. De esta manera, con base en la revisión de las propuestas presentadas en las Plataformas Electorales registradas ante el IFE, se definieron 33 propuestas a evaluar. 

Semanalmente se evaluarán tres propuestas de cada candidato a la presidencia durante once semanas, los resultados serán presentados todos los lunes. A continuación se presentan los 30 temas que serán evaluados. 

● Evaluadores
Se hizo una selección de investigadores pertenecientes a diversas instituciones educativas públicas y privadas del país, también se integró la participación de algunas instituciones educativas extranjeras y expertos de diversas organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de formar un grupo heterogéneo de expertos en los distintos temas. 
En la selección se excluyeron aquellos expertos involucrados con algún candidato o que se desempeñaran actualmente como funcionarios públicos, con la finalidad de garantizar la imparcialidad en las evaluaciones de las propuestas. En los grupos de evaluadores se buscó un 
balance de las instituciones educativas a las que pertenecían los investigadores, cuidando que en la evaluación de cada propuesta los expertos pertenecieran a diversas instituciones. 
Cada propuesta será evaluada mínimo por 5 y máximo por 8 expertos de diversas instituciones académicas u organizaciones, en el tema correspondiente a la propuesta. 

● Procedimiento de la evaluación
La evaluación de las propuestas de los candidatos es bajo el método de doble ciego, por los beneficios que ofrece esta herramienta metodológica, que contribuye a prevenir que los resultados estén influidos por el sesgo del observador (evaluador). Es decir, los expertos no conocerán a qué candidato pertenece la propuesta que evaluarán. Con ello buscamos que la evaluación sea imparcial y objetiva. 

● Escala de evaluación
La escala para evaluar las propuestas es numérica, del 0 al 10; donde la calificación más baja es 0 y la más alta es 10.  También existe la opción NA=No Aplica, ya que en algunas propuestas en temas muy específicos, algunos de los criterios definidos para evaluar no aplican. No obstante, se hará el ajuste necesario para evitar hacer uso del NA. 
De esta manera, se asignará una calificación del 0 al 10 a cada uno de los criterios en la propuesta a evaluar. Una vez que cada criterio tenga la calificación asignada, se sumará y dividirá entre el total de indicadores para presentar el promedio de la evaluación de cada experto. Para obtener el resultado global, se sumarán las calificaciones de cada experto y se promediarán entre el número de evaluadores. En todos los casos, los promedios se truncarán en la primera decimal.

● Criterios de evaluación
La definición de criterios y los aspectos que se evaluarán de las propuestas de los candidatos retoman la teoría del análisis y elaboración de políticas públicas. Se parte de la teoría de política pública debido a que el proceso se centra en el cómo, por qué, cuándo y para quién la formulación de estas políticas y porque su enfoque reconoce el carácter multidimensional y multidisciplinario de los problemas (Parsons, 2007: 91,99).  

Es importante aclarar que si bien las propuestas de los candidatos no proporcionan información completa porque no están planteadas como una política pública, sí deben cumplir con características mínimas que respalden su seriedad, ya que serán la base de futuras políticas públicas, entendidas como el conjunto de programas u objetivos del gobierno en un campo concreto (Subirats, 1989). 

Por lo anterior, la evaluación de las propuestas se enfoca en el cumplimiento de elementos básicos en el diseño de política pública e integra criterios del Modelo de Gobierno Responsable que van más allá de los elementos técnicos en el diseño de políticas públicas.

En este sentido, los elementos a evaluar en cada una de las propuestas se enfocan en tres grandes áreas: diseño, implementación y evaluación. Respecto al diseño se evalúan criterios relativos a la formulación de la propuesta, ya que en esta etapa se define la problemática a atender y donde se estructura la argumentación de la propuesta (Bardach, 2004: 17). Dentro del diseño se evalúa la formulación de la propuesta, si ésta es pertinente, el objetivo planteado y las metas establecidas.

La segunda área se enfoca en el proceso de implementación, por ser la puesta en práctica de las acciones. En este sentido, es necesario analizar si existe factibilidad institucional, jurídica y normativa, presupuestal y política que permitan instrumentar la propuesta; así como evaluar si existen elementos cualitativos dentro de las acciones que se apeguen a los criterios de gobierno responsable. 

Parte fundamental en el diseño de una política pública es lo relativo a la evaluación, por ello es el último aspecto a evaluar en las propuestas. Como señala Parsons (2007),  los mecanismos de evaluación son fundamentales, ya que a través de éstos se examina el desempeño práctico de las acciones implementadas, se compara el resultado con los objetivos y se conoce el impacto generado. El proceso de evaluación permite conseguir mecanismos de respuesta y señales concretas sobre el proceso de implementación, desviación de objetivos, relaciones gestión-resultados (Subirats, 1989:31), aportando elementos para la toma de decisiones y mejorar los efectos de la actividad evaluada. 

A continuación se describen los criterios que se evaluarán en cada una de las propuestas de los candidatos. Cada uno de los criterios está acompañado por preguntas guía para asignar la calificación. 


Descripción de indicadores de evaluación
Pertinencia de la propuesta. Corresponde a la identificación de los temas prioritarios de la agenda nacional, si bien no se evaluará un diagnóstico, es importante evaluar si existe conocimiento de la problemática que se plantea atender.

Objetivo. El objetivo define el problema que será atendido con base en el diagnóstico o conocimiento de la situación en determinado tema y es la base para el desarrollo de la propuesta.

Metas. Constituyen la expresión concreta y cuantificable de los logros que se plantea alcanzar en un periodo de tiempo con relación a los objetivos definidos, éstas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo. Deben estar definidas con base en la generación de compromisos internos, no deben depender de otras entidades o factores exógenos. Deben ser claras, precisas y realistas, esto significa que puedan ser alcanzadas con los recursos humanos y financieros disponibles. 

Descripción de indicadores técnicos
Factibilidad. Hace referencia a los recursos reales que se pueden utilizar para solucionar el problema, existen diversos tipos de factibilidad, los que se evaluarán son los siguientes:
Factibilidad presupuestal: recursos económicos necesarios para implementar la política propuesta.
Factibilidad institucional: existencia del soporte institucional para implementar la política.
Factibilidad jurídica y normativa (nacional e internacional): si la política es congruente con el marco jurídico-normativo para su implementación. Una política no debe violar los derechos constitucionales (Bardach, 2004:43).
Factibilidad política: una política viable debe ser políticamente aceptable o al menos no inaceptable. No obstante, la inaceptabilidad no es una cuestión estática, por ello, la elaboración de estrategias para hacer que una propuesta sea viable también es parte fundamental  dentro de este criterio (Bardach, 2004:43.

Descripción de indicadores cualitativos (de gobierno responsable)
Respeto al medio ambiente. El Modelo de Gobierno Responsable adopta los criterios de respeto y protección al medio ambiente como un elemento central de toda la acción de política pública, concibiendo que cualquier actividad encaminada al desarrollo económico y social debe apegarse de manera estricta a los principios de sustentabilidad. En este sentido, se deberá priorizar el desarrollo de la industria verde y el denominado “mercado de bienes y servicios ambientales” a través de diversos tipos de estímulos, así como la aplicación de los “impuestos ambientales” y el concepto conocido como “el que contamina paga”, entre otros esquemas novedosos. 
Respeto a los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos. El ejercicio responsable de gobierno tiene como base conceptual y filosófica el respeto absoluto y la promoción de la institucionalidad democrática, las libertades y los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, rechazando por tanto toda forma de autoritarismo y represión. Asimismo, promueve la tolerancia, el diálogo, y la no-violencia como método para la solución de las diferencias.
Igualdad de género como eje transversal de política pública. El respeto a la igualdad de género como criterio transversal en la acción de gobierno permite identificar las formas en que una política pública afecta de manera distinta a mujeres y hombres, así como adoptar los correctivos que sean necesarios. El Modelo de Gobierno Responsable busca evitar las soluciones reduccionistas o simplistas que colocan a un grupo excluido (las mujeres indígenas, por ejemplo) en una sola categoría. En este sentido, es necesario llevar a cabo políticas de inclusión, tomando en cuenta estas consideraciones en la elaboración, aplicación y evaluación de política pública. 
Canalización de los recursos públicos hacia las áreas prioritarias del desarrollo nacional. Frente a la obligación de administrar responsablemente recursos limitados, el gobierno deberá distribuir el presupuesto público conforme el nivel de prioridad de las áreas a ser financiadas, tomando en cuenta que el gran objetivo es la búsqueda del bienestar para todos los ciudadanos. De esta forma, deberán eliminarse los gastos que no sean estrictamente necesarios para el correcto funcionamiento del Estado. 
Impulso a la calidad de vida de los ciudadanos. Con el propósito de que todas las personas puedan llevar vidas largas, saludables, productivas y felices, el Estado debe asegurar condiciones satisfactorias en el plano social y económico, impulsar una serie de actividades dirigidas a incrementarlos. 
Participación y corresponsabilidad social (Fortalecimiento de la sociedad civil). Uno de los elementos esenciales para la construcción de una cultura democrática de alto nivel de participación ciudadana en una amplia gama de temas, que van desde acciones comunitarias hasta la discusión y diseño de políticas públicas. El impulso gubernamental hacia el sector de la sociedad civil es un factor que diferencia a un régimen con vocación democrática de otro que no la tiene. Por ello, resulta necesario entender a cabalidad la importancia de este sector y adoptar  medidas efectivas que permitan fortalecerlo, no sólo brindando facilidades para el desarrollo de sus actividades, sino incluso institucionalizando su rol en procesos de toma de decisiones en el ámbito público.

Descripción de indicadores de evaluación
Mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Para el Modelo de Gobierno Responsable, el gobierno basado en resultados es un indicador de responsabilidad.  El diseño y aplicación de toda política pública debe necesariamente incluir elementos claros y objetivos que permitan medir su efectividad. Los resultados de evaluaciones periódicas sobre el impacto y desempeño de los programas gubernamentales son el factor que debe determinar su continuidad, modificación o eliminación; incremento o reducción de presupuesto. De esta forma, la acción de gobierno responsable obedece a criterios de efectividad técnicos y objetivos, mas no a consideraciones políticas o clientelares. Ello, con el propósito de enfocar los recursos públicos sólo en aquellos programas que sean realmente beneficiosos para el desarrollo colectivo. El ejercicio de las evaluaciones deberá institucionalizarse, contará con la participación de evaluadores externos al gobierno (organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc.), será mandatorio y con resultados públicos.
Aunado a la evaluación, otro elemento esencial del Gobierno Responsable es la adopción de normas rigurosas que impongan prácticas de transparencia en cada uno de sus actos, así como la permanente labor de rendición de cuentas con la ciudadanía de manera institucionalizada, bajo la supervisión de un órgano independiente a los poderes del Estado y con la participación de la sociedad civil. 

Nota:
Criterios de rechazo de evaluaciones:

El Consejo integrado por Fundación Ethos y Lupa Ciudadana se reserva el derecho de publicar alguna evaluación en los siguientes casos:
a. Si la calificación final no concuerda con los puntos evaluados; 
b. Si la calificación es extrema (0 ó 10) sin señalar los motivos; 
c. Si la evaluación final llega sin acompañamiento de los criterios evaluados. 
En todos los casos, antes de ser rechazada una evaluación se hará contacto con el especialista-evaluador para conocer los motivos de sus omisiones y de ser el caso, subsanarlas. 



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Fuentes de consulta:

Bardach, E. (2004), Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas; un manual para la práctica, México, CIDE.
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cámara de Diputados, Centro de Documentación, Información y Análisis.
Cohen y Martínez., Formulación y Monitoreo de Proyectos Sociales, División de Desarrollo Social, CEPAL, Santiago de Chile.
J. Bonnefoy y Armijo (2005), Indicadores de desempeño en el sector público, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social- ILPES, CEPAL, Santiago de Chile.
Parsons, W. (2007), Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de políticas públicas, FLACSO-México.
Rodas, M., El Modelo de Gobierno Responsable, Fundación Ethos, México, D.F.
Subirats, J., Análisis de políticas públicas y gestión pública: promesas y riesgos de una vida en común, Universidad Autónoma de Barcelona. 
Subirats, J. (1989), Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública.

Cualquier opinión expresada en esta sección es exclusiva de su autor y/o la organización que representa, por ningún motivo debe considerarse como la postura de Fundación Ethos o el proyecto de Arena Electoral.