Propuestas de Coamex a los candidatos


Por Coamex .

13/06/2012



¿Por qué exigimos lo que exigimos?
Por dos razones que desarrollamos: somos ciudadanos mexicanos con plenos derechos, queremos y podemos contribuir a la sociedad a la que pertenecemos; por si fuera poco, la Ley está de nuestra parte.

Nos referimos, de entrada, a la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que ya forma parte del Bloque Constitucional de nuestro país. Esta Convención, promovida por México al mundo, ratificada por el Senado y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, obliga al Estado Mexicano a trazar y desarrollar las políticas públicas necesarias para nuestra plena inclusión. También lo garantiza la reciente reforma de 2011 en materia de derechos humanos.

Aunque según el Censo 2010 midió que sólo hay 5.1% de personas con discapacidad en México, en el Informe Mundial sobre Discapacidad 2011 de la Organización Mundial de la Salud se contempla que al menos 15% de la población mundial presenta algún tipo de condición de discapacidad. Además, la adecuada atención y promoción a los derechos de este grupo,  afecta de manera directa a cinco personas más.  Estamos hablando de beneficiar, potencialmente, a una cuarta parte de los mexicanos.

Además, según la misma CDPD, la discapacidad es la interacción –diaria y tortuosa— entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Corresponde al Estado atacar esto y así, más que ser una algo medible por personas, será una actitud social las barreras que mantengamos o derribemos. Necesitamos y nos beneficia a todos, crear un México Incluyente.

¿Qué queremos?
En resumen, que se cumpla con lo establecido en la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de manera progresiva, sin pasos atrás y de manera constante, tomando siempre en cuenta que estamos hablando de una lucha histórica que ya tiene logros, y en la que también México está atrasada en décadas, con respecto a otros países.
Para ello necesitamos que:
    1.    Se consolide y apoye lo ya logrado, fruto de una lucha de décadas del movimiento de personas con discapacidad.
    2.    Se trace un plan de políticas públicas sexenal, puntual, y también a largo plazo, para garantizar nuestra inclusión.
    3.    El compromiso de aquella persona que sea titular del Poder Ejecutivo de que sea una de sus prioridades personales y signo de su mandato. Sólo a través del impulso del o la titular del Poder Ejecutivo esto se puede hacer realidad vía la implementación de políticas públicas transversales y de Estado, con el presupuesto necesario asignado.

Por ello pedimos:
    1.    Dar todos los elementos para que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), creado por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011), funcione como lo que por ley está llamado a ser: un coordinador en la política de Estado, con el presupuesto necesario y con una sede apropiada para su funcionamiento. Además, con capacidad de interlocución real e influencia con toda la Administración Pública Federal. Para ello, también pedimos que se consulte con nosotros la designación de su titular.
    2.    Conformar el Sistema Nacional para la Inclusión y Desarrollo de las personas con discapacidad.
    3.    Complementar el Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad.
    4.    Darle continuidad y mejorar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PRONADDIS), con el compromiso para presentar una versión aplicable y programada en los primeros meses del sexenio.
    5.    Continuar con la medición de una Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, la última fue la ENADIS 2010, para medir el avance en el tema para personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

    2.    Para trazar un plan sexenal y con aliento a largo plazo:

    a.    Promover a nivel Ejecutivo, con acuerdo con el Poder Legislativo, la Armonización de toda la normativa mexicana de acuerdo a lo establecido en la misma CDPD. Trascendiendo el modelo médico y asistencial para ver a la discapacidad como un fenómeno social con implicaciones humanas, sociales, políticas, económicas, normativas y culturales.
    b.    Comprometerse a que la política del Estado en la materia deberá responder, de manera progresiva, pero clara, con metas, a garantizar todo el ciclo de vida con desarrollo para las personas con discapacidad:
    1.    Gestación y desarrollo (Salud).
    2.    Educación Inclusiva desde preescolar hasta educación superior (una propuesta son los módulos de inclusión en algunos casos).
    3.    Capacitación y acceso al trabajo.
    4.    Acceso a la justicia y todos los derechos de manera amplia.
    5.    Acceso a la cultura, deporte, recreación  y ocio.
    6.    Tercera edad y retiro.
    c.    Priorizar que se diseñen –con el apoyo necesario- y se busque que se aprueben, los presupuestos anuales transversales de acuerdo a la política de Estado, bajo la coordinación del CONADIS.
    d.    Garantizar la accesibilidad universal, física, en todas las dependencias de la Administración Pública Federal  y promover lo mismo en los gobiernos de los Estados así como a nivel privado.
    e.    Garantizar la accesibilidad universal en todas las comunicaciones de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y promover lo mismo en los gobiernos de los Estados así como a nivel privado, vía incentivos o leyes. Cabe aclarar que además de la parte física es el acceso a toda la información que genera la APF de manera accesible: en braille, lengua de señas mexicana y español sencillo o lectura fácil, particularmente de parte del Ejecutivo para poner el ejemplo. Y también la promoción de subtitulaje en medios de comunicación electrónica y otras herramientas de la sociedad de la información con los elementos accesibles y  progresivamente necesarios para ello.
    f.    Un programa de Educación Inclusiva para las personas con discapacidad –desde preescolar hasta educación superior— que obligue no sólo a la educación pública, sino con alicientes e incluso exigencias para comprometa en su cumplimiento la educación privada. Esto también implica una clara y eficiente capacitación y sensibilización tanto a maestros, como directivos de escuelas y padres de familia de personas sin discapacidad.
    g.    Un programa de Empleo y Capacitación de personas con discapacidad como una política de gobierno amplia e integral -con base en principios de igualdad, no discriminación y con perspectiva de género- de acuerdo a las necesidades específicas de la población objetivo. 
Promover, por lo mismo, acciones afirmativas de parte de instituciones públicas para emplear a personas con discapacidad obligando a un mínimo de 2% en los empleos del sector público a personas con discapacidad.
También promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas de acción afirmativa, incentivos y otras.
    h.    Una clara política de fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan a favor de las personas con discapacidad en el país.
    i.    Acceso a la justicia para todas las personas con discapacidad -incluyendo las personas con discapacidad intelectual- como sujetas de derechos, con los apoyos necesarios.
    j.    Reconocer y garantizar todos los derechos reconocidos en la CDPD, desde el principio Pro Persona, a las personas con todo tipo de discapacidad.
Para contribuir  a ello, ofrecemos participar y contribuir a formar:
    1.    Crear con la o el ganador de la elección una mesa de transición (de julio a diciembre del 2012) para acordar los objetivos a alcanzar para cada año de gobierno y los procesos de su implementación de acuerdo con los principios de la CDPD.
    2.    Constituir una Comisión Ciudadana de seguimiento de los acuerdos alcanzados.
    3.    Establecer mecanismos de información, rendición de cuentas  y evaluación de las políticas públicas, de los programas y presupuestos de las acciones implementadas cada año.

Cualquier opinión expresada en esta sección es exclusiva de su autor y/o la organización que representa, por ningún motivo debe considerarse como la postura de Fundación Ethos o el proyecto de Arena Electoral.