¿Con quiénes gobernar?


Por José Molina Farro

22/08/2012



 El tema es obligado. Federico Reyes Heroles dice en el periódico Reforma,  “Todos prometen lo mismo: de llegar al poder convocaré a los mejores”. El color partidista es lo de menos, que vengan los mejores.  Agrega  que “los grupos compactos son inevitables, pero querer gobernar sólo con los cercanos es un grave error”.  En el mismo sentido René Delgado apunta que, cerrarse a la idea de integrar a la administración sólo a los leales de los leales, así sean incapaces es apostarle al fracaso. Verdad de Perogrullo, los autores no descubren  el hilo negro, pero el recordatorio  es importante por lo que está en juego como nación. Veamos.

Especialistas coinciden en que la alternancia generó una tensión entre régimen político en su dimensión democrática y formas de gobierno. La prevalencia de  instituciones disfuncionales con la realidad política nacional, obiter dictum,  poner vino nuevo en odres viejos, pues  a la par de la consolidación de espacios democráticos y contrapesos institucionales, permanecen intactas instituciones y prácticas tradicionales, como  la facultad constitucional de los ejecutivos para designar discrecionalmente a sus colaboradores. Y, aunque existen criterios jurídicos que norman requisitos para las designaciones, éstos en su mayoría son ignorados por los tomadores de decisiones. En sentido técnico es la personalización del poder político, con cabezas ejecutivas hipertrofiadas, hostiles por definición a una arquitectura institucional de excelencia y moderna. 

Con excepciones notables en la república juarista y contados gobiernos de la Revolución,  nuestros gobernantes, en la selección de sus colaboradores, han asumido, con matices,  la cercanía personal, la amistad, la fidelidad y las cuotas gremiales y/o partidistas.  En la inclusión y la exclusión priman el cuatismo y el “cuotismo”, las pasiones partidarias, el pago de facturas, la confianza y percepción de lealtad, los viejos agravios y hasta los rencores personales. Nuestras pulsiones más primitivas decantan a quienes habrán de acompañar al ungido. Las frías exigencias de mérito profesional, experiencia, carácter, honestidad, eficiencia  y lealtad institucional  son virtudes que, salvo excepciones, devienen en lastres o defectos al momento de elegir; el gobierno de Calderón ya es emblemático, llevó a extremos patológicos  su desconfianza congénita y el valor de la lealtad por encima de la competencia y el mérito en la conformación de su gobierno. La confianza como valor supremo, la lealtad y el amiguismo como determinantes de las decisiones. En La civilización del espectáculo Vargas Llosa dice que  en todas las encuestas y con variantes, los ciudadanos en  casi todo el mundo opinan que la política es una actividad mediocre y sucia, que “repele a los más honestos y capaces y recluta  sobre todo a nulidades y pícaros que ven en ella una manera rápida de enriquecerse”. 

¿Y la sociedad? Permisiva, desorganizada, manipulable y condescendiente, casada con sus muy particulares intereses,  pero también, propio de nuestra condición,  murmura, especula, condena y acepta  con resignación y desesperanza una perspectiva de continuidad en los usos más arcaicos de la política.  La cultura de la queja  de Robert Hughes (cit. Silva Herzog M.), la culpa colectiva que no aspira a soluciones, busca el consuelo. Sin duda, un déficit de ciudadanía que erróneamente asume esta realidad  como parte consustancial de la “normalidad democrática”.  Y, curiosa paradoja, con su pasividad contribuye a la degradación  moral de la política.

Un viejo proverbio japonés dice que “dirigir es calibrar la pasión”.  Trascender los instintos primarios en las designaciones y  la toma de decisiones en el ejercicio de gobierno, son síntoma de grandeza que enaltece, fortalece y dimensiona la madurez y estatura de cualquier administración. Nuestra propia historia y la de otros países es pródiga en ejemplos de superioridad moral de gobernantes que no temen rodearse  de colaboradores de recia personalidad que fortalecen  legitimidad y credibilidad en  sus gobiernos. Ellos asumen un principio básico en política, “tus colaboradores son la cara de tus principios”, pues su sola presencia o te hunde en el descrédito y mina legitimidad o acredita credenciales que abonan a la confianza ciudadana y movilizan energías  para la transformación.  

 Al amparo de una distorsión democrática, seguimos experimentando este tipo  de gobiernos integrados por amigos y representantes de poderes fácticos, emisarios de prácticas infames de un pasado que se resiste a morir. Por un lado, la sicología de la subordinación sin condiciones, por el otro,  la lógica de la democracia, “te apoyé, ahora me retribuyes”, el quid pro quo. El problema surge cuando, sin el menor rubor y con arrogante irresponsabilidad, se designan o recomiendan a funcionarios sin las mínimas credenciales para ocupar los cargos. Muchos hemos  atestiguado  las gravísimas dificultades de operación, disciplina y coordinación de  administraciones impostadas, que más temprano que tarde, precipitan al despeñadero y el desprestigio a gobiernos avalados por la legitimidad que otorgan las urnas.

Enrique Peña Nieto insiste en un gobierno eficaz, en  más democracia pero también más eficacia; para ello, se requiere ineludiblemente de un rediseño institucional y un capital humano a la altura de los retos actuales del país. En los ámbitos locales urgen contrapesos institucionales reales,  transparencia y  rendición de cuentas, superar  agravios y trabajar en serio en políticas que erradiquen las causas estructurales del atraso. La sociedad demanda una nueva generación de reformas y una nueva capacidad de gobernar por coordinación y no por imposición ni subordinación, dejar de lado la lógica del choque frontal y trascender la frivolidad, la cosmetología y la improvisación. Por ello, es imperativo enviar señales claras desde el principio, transformar incertidumbres en certezas y definir con qué instituciones y con quiénes se va a gobernar. El relevo generacional nos hace suponer que se impulsará a una nueva generación de políticos profesionales, portadores de la perspectiva histórica y la nueva moralidad  social. Políticos con voluntad de renovación y regeneración de la vida pública del país. Por su parte, el silencio de los buenos  ( Luther King dixit) ha de trocarse en indignación razonada contra el derroche, la arbitrariedad, la impunidad y “la ignominia de quienes teniéndolo todo, no pueden permitir que quienes no tienen nada vivan un poco mejor” (Pedro Ángel Palau). 

Faltan  tres  meses  y días y es de esperar que con sentido de  oportunidad, los equipos de transición, con una nueva visión de gobierno,  estén trabajando ya en la ruta de navegación con metas y plazos, en construir las alianzas y pactos para la generación de consensos que fortalezcan la nueva gobernabilidad  y las formas de participación ciudadana,  los grandes proyectos de cambio estructural, el refinanciamiento de las deudas estatales y municipales y los programas microeconómicos y micro regionales que impulsen la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos, esto es,  los basamentos de la nueva gobernabilidad democrática, los fundamentos del nuevo modelo de crecimiento para combatir pobreza y exclusión y los pactos y mecanismos que los harán posibles; identificar lo que ha funcionado y consolidarlo, así como lo que inevitablemente hay que cambiar. Innovar la administración pública y rediseñarla, es una buena manera de comenzar.

Finalmente. “Por mucha fuerza que tengan por sí mismas las cualidades naturales del hombre… las apariencias pueden superar incluso esas cualidades”. Cicerón.

@J_Molina_Farro es Premio Nacional de Economía 1979, otorgado por el Colegio Nacional de Economistas. Tiene un Diplomado en Gobernabilidad, Transición y Procesos de Cambio en la Universidad Complutense de Madrid. Ex rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ponente invitado por la UNESCO a la Conferencia Internacional sobre Educación Superior en París, Francia, en 1999.